En los útlimos diez años la administración central española ha estado evaluando, habitualmente, los diversos programas y/o proyectos a través de los cuales canaliza la cooperación para el desarrollo, como consecuencia de una función de evaluación que tiene atribuida. Durante este tiempo, en el despliegue de esa función de evaluación, se han ido consolidando unas instituciones, unas metodologías y una praxis tendientes a perfeccionar y sistematizar dicha función, a tal punto de llegar a hablarse, tanto oficial como extraoficialmente, de “política de evaluación”.
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